Creemos que este proyecto pone en serio riesgo la libertad de prensa y el derecho
ciudadano a estar informado, pilares fundamentales de una democracia sana y
transparente. La historia reciente de nuestro país ha demostrado que muchos de los
casos de corrupción, violaciones a los derechos humanos o abusos de poder se han
destapado gracias a investigaciones periodísticas. Criminalizar el trabajo de periodistas
que cumplen con su deber de informar no solo representa un retroceso democrático, sino
que instala un mensaje de amedrentamiento que atenta contra el rol fiscalizador de los
medios y la labor informativa que se ejerce.
En una democracia sólida, el periodismo no debe ser perseguido ni limitado por
medidas legales que puedan abrir espacio a la censura o al autocontrol forzado. Más aún
cuando las instituciones deben ser las responsables de contar herramientas para
sancionar filtraciones indebidas dentro del aparato estatal, sin necesidad de trasladar esa
responsabilidad al ámbito periodístico.
Como Federación, rechazamos cualquier intento por restringir el derecho a
informar y a ser informado. Reiteramos nuestro llamado a las autoridades a proteger y
fomentar un ecosistema informativo libre, diverso y sin presiones indebidas.
12 de junio de 2025
