Una situación que se arrastra por más de una década y que hoy mantiene en alerta a la comunidad educativa de la Escuela Rural de Trapén fue expuesta por la consejera regional de la provincia de Llanquihue, Patricia Gallardo, quien solicitó gestionar acciones urgentes ante los organismos fiscalizadores para abordar la emergencia ambiental que afecta al establecimiento educacional y a los vecinos del sector.
La autoridad regional participó en una reunión con representantes de la Junta de Vecinos Monte Verde y del Centro de Padres y Apoderados de la escuela, instancia en la que conoció los antecedentes de las denuncias contra el taller de redes ubicado en las cercanías del establecimiento, a solo 94 metros de distancia.
De acuerdo con lo expuesto por la comunidad, el problema se mantiene desde hace 13 años, período en el que se han documentado diversas denuncias por malos olores y posibles afectaciones ambientales. Solo durante los últimos meses se han presentado más de 30 denuncias vecinales, situación que ha llegado a provocar la suspensión de jornadas de clases y que niños deban permanecer en las salas utilizando mascarillas debido a los intensos olores.
En este sentido, la consejera Patricia Gallardo manifestó en la sesión plenaria del Consejo Regional su preocupación por las condiciones en que se desarrolla la actividad escolar y la falta de respuestas concretas para las familias. «Estuvimos en una reunión y cuando salí del establecimiento, ya había olor. Hay niños que están en clases con mascarillas, olores tóxicos en el sector y vecinos que también se ven afectados. Lo que más me preocupa, además, es que se estaría contaminando un estero», señaló.
Asimismo, Gallardo indicó que solicitó, con cuerpo del cuerpo colegiado, oficiar a la SEREMI de Medio Ambiente, SEREMI de Salud y los demás organismos competentes, entre ellos la Superintendencia del Medio Ambiente, Sernapesca y el Servicio de Evaluación Ambiental, con el propósito de conocer el estado de las denuncias y exigir respuestas respecto de las medidas adoptadas.
Asimismo, planteó la necesidad de determinar qué organismo puede realizar un muestreo del estero para establecer sus condiciones ambientales y verificar si existen elementos contaminantes. «Ellos han denunciado ante Medio Ambiente, Salud, Sernapesca, él SEA e incluso la PDI, y no han tenido respuesta. Por eso quiero solicitar que podamos oficiar a todas las instituciones que hoy están debiendo una respuesta a esta escuela. También necesitamos saber quién puede tomar muestras del estero para conocer realmente cómo se encuentra», enfatizó.
Otro de los antecedentes que preocupa a la consejera es la situación del sistema de tratamiento de residuos industriales líquidos (RILES) que debería mantener la empresa, respecto del cual la comunidad denuncia incumplimientos y cuestiona la ausencia de sanciones.
Finalmente, Patricia Gallardo recalcó que la Escuela Rural de Trapén tiene más de 150 años de historia en el sector, por lo que consideró especialmente grave que estudiantes, docentes y familias deban continuar enfrentando esta situación sin soluciones definitivas. «Lo que me complica es que la comunidad está agotada. Llevan años denunciando y sienten que no han sido escuchados ni han recibido resoluciones de las autoridades. Aquí estamos hablando de niños, de su salud y de su derecho a estudiar en un ambiente seguro. Necesitamos respuestas concretas y acciones urgentes», concluyó.